El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodriguez Chirillo, ratificó en la audiencia pública virtual convocada por el ENRE lo que sostuvo en su similar del ENARGAS en cuanto a la política de «adecuación transitoria» de las tarifas en base a los costos del suministro de electricidad y de gas, a partir de febrero, mientras se desarrolle el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral (RTI) de ambos servicios.

Dado que las audiencias públicas son no vinculantes (no resolutivas), resta saber en los próximos días los montos o porcentajes de tales incrementos y los nuevos cuadros tarifarios que aplicarán las empresas, en base a resoluciones de los entes reguladores.

Asimismo, Chirillo también ratificó la intención del gobierno de avanzar con la reducción de subsidios del Estado a las tarifas de estos servicios, reformulando el actual esquema de segmentación de usuarios en tres niveles según ingresos (decreto 332/2022).

Se asignará un subsidio en base a una «Canasta Básica Energética» según zonas geográficas, que se cubrirá tomando en cuenta los ingresos del grupo familiar conviviente.

Las empresas distribuidoras de electricidad en el AMBA, Edenor y Edesur, formularon sendas presentaciones en el marco de la audiencia, solicitaron compensaciones por ingresos que consideran adeudados por el Estado, y nuevas tarifas para el VAD, con actualización mensual en base a la inflación.

Frente a ello, otros expositores en la audiencia -Intendentes municipales, entidades de defensa del consumidor, funcionarios bonaerenses- cuestionaron su realización en forma virtual, también que no hubiera mención al incumplimiento de obras que el ENRE dispuso a las distribuidoras durante el gobierno anterior, ni a la condonación estatal de deudas de Edenor y Edesur con CAMMESA.

Advirtieron sobre los efectos de la reducción de subsidios en sectores sociales de medianos y bajos ingresos, y en pymes, sobre todo en un contexto de alta inflación como el actual. Varias entidades afirmaron su disposición a realizar presentaciones judiciales llegado el caso.

Desde ya rechazaron cualquier medida de actualización mensual de los valores agregados de distribución y de transporte que, junto a los precios de generación y los impuestos conforman la factura al usuario.

La factura de este servicio se integra con 48 por ciento del costo de la energía, 29 por ciento del VAD, y 23 por ciento impuestos, aproximadamente.

La lista de 63 inscriptos íncluyó, entre otros, a representantes de los municipios de Esteban Echeverría, de Quilmes, Almirante Brown, Tigre y Morón, y al ministro de Obras Públicas e infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

El interventor del ENRE designado por la Administración Milei, Darío Arrué, abrió la Audiencia señalando que su objetivo era analizar las propuestas para «mantener en términos reales niveles de ingreso a las empresas para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico».

«Las concesionarias Edenor y Edesur presentarán la estimacion de recursos necesarios para mantener el servicio en los niveles de calidad que corresponde, y realizaremos el análisis técnico para fijar los niveles tarifarios con vigencia a partir del 1 de febrero próximo», afirmó.

Cabe referir que el representante de EDENOR, Guido Hernández, solicitó un requerimiento anual de ingresos de $ 521.303 millones, lo que implica un aumento promedio de 90 % en la factura para el 80 por ciento de los clientes de la compañía, refirió.

y agregó que para estos la factura promedio pasaría a ser de $ 7.619, equivalente a $ 246 por día. Para un 10 por ciento de los consumos altos el promedio de la factura rondaría los $ 33.771, y superiores para los consumos mayores, añadió.

Como la participación del Valor Agregado de Distribución (VAD) es del 29% del total de la tarifa, «Edenor recibirá sólo $ 2.209 por factura promedio», refirió.

Por su parte, el Secretario Chirillo reiteró la posición del gobierno nacional de avanzar en la «Readecuación de la Estructura Tarifaria y sus valores, cuyo plazo no puede extenderse más allá de la Revisión Quinquenal Tarifaria, o 1 año».

También se hizo hincapié en «La Reasignación de los Subsidios actualmente existentes mediante la Canasta Básica Energética», y se puntualizó que tal readecuación se apoya en «tres pilares fundamentales:

Determinar una “canasta energética básica” (electricidad+gas), que cubra las necesidades básicas e indispensables de las personas, la cual se determinará en una cantidad de Metros cúbicos y de kwH/mes que sería el máximo de lo que se considera subsidiable» (la Canasta Básica).

A los fines de determinar la canasta básica se establecerán tipos de consumos en distintas zonas del país. «La idea es contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso, subsidiando la diferencia».

«El subsidio que otorgará el Estado será el diferencial cuando el precio de la canasta básica energética supera un porcentaje determinado de los ingresos totales del Grupo Conviviente», se indicó.

Desde la Secretaría se sostiene que «La energía eléctrica, como todos los otros bienes de la economía, tiene costos que deben ser pagados. Este Gobierno ha decidido llevar, paulatinamente, las tarifas a pagar a los costos y eliminar las transferencias fiscales».

Y los funcionarios de la S.E. afirman que «Los aumentos tarifarios lejos de aumentar la inflación la reducirán». «El aumento de las tarifas se verá compensado porque, sin inflación, otros bienes de la economía no aumentarán». «La corrección de precios relativos es imprescindible para conseguir el crecimiento económico», enfatiza el gobierno nacional.

LA HERENCIA

Chirillo señaló que «como señala el DNU 70/2023 ningún gobierno recibió una herencia institucional, económica y social peor de la que recibió la actual administración».

Cuestionó «La Emergencia de 2019, porque se centró en congelar tarifas y anular revisiones tarifarias». Y señaló que «La tarifa eléctrica no refleja el costo económico eficiente del suministro: apenas cubren el 50 % del costo del Mercado Mayorista y el 30 % del VAD».

Añadió que «Las ampliaciones de red de transporte no se realizan, por lo tanto, no se aprovechan los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de manera más económica, ya sea de gas, del sol o del viento, y el crecimiento artificial de la demanda se atiende con generación ineficiente adquirida por CAMMESA a largo plazo, en dólares, y comprando el combustible a precios escandalosos».

Chirillo insistió en señalar que «Con estas tarifas tenemos un grave problema de índole técnico y de recaudación del sistema que nos pone al borde de quedarnos sin luz porque no hay inversiones en generación y la energía disponible (la real no la instalada) está muy cerca de la demanda máxima».

«Tampoco hay inversiones en transmisión y por lo tanto en el sistema eléctrico de transporte, frente a la mínima falla, se producen cortes». «No hay inversiones en distribución, cubrir con el 30 % el 100 % de los costos (por el VAD) resulta imposible. Esto tiene como consecuencias que las distribuidoras acumulen deuda con CAMMESA».

«La deuda actual de las distribuidoras con CAMMESA al mes de diciembre de 2023 es de $ 307.717 millones», afirmó.

«De mantenerse el esquema de subsidios actual, el subsidio proyectado se elevaría a 5.230 Millones de dólares», puntualizó el funcionario cuya cartera depende del ministerio de Economía.

Chirillo hizo hincapié además en que «se produjo un crecimiento de funciones de CAMMESA y pasó a ser comprador único del sistema, cargando costos elevados cuando fue concebida como Organismo Encargado del Despacho cuyas tareas principales eran el despacho técnico del SADI y la cobranza de los agentes».

«Mediante el Precio Estacional de la Energía el Estado Nacional fue absorbiendo un porcentaje de los costos mayoristas y así subsidia a toda la demanda de manera indiscriminada», señaló.

El Precio Estacional cubre en promedio un 45 % del costo de la producción y transporte. «Sólo 45 % del Precio Estacional pasa a tarifa, el 55 % restante lo pagan todos los ciudadanos tengan o no suministro a través del presupuesto nacional, que se traduce en menores jubilaciones, menor presupuesto a la salud y a la educación y mayores impuestos», consideró.

Y agregó que «así se alimentó el crecimiento de la demanda de energía eléctrica sin fomentar un uso responsable, subvencionando a consumidores que no lo necesitan».

Fuente: Energía y Negocios