Ministro de Infraestructura solicita diálogo urgente con el país ante vencimiento de concesiones.

Las concesiones de centrales hidroeléctricas en Neuquén están llegando a su fin y el ministro de Infraestructura de la provincia, Rubén Etcheverry, afirmó que se requiere un diálogo inmediato con el Gobierno nacional para solucionar la situación.

Los represivos como Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila se vencieron, eso que llevó a Neuquén a juzgar el tema debido a la falta de respuestas claras.

El ministro Etcheverry sobresalió la provincia para cubrir la mejor manera de manejo de las actividades hidroeléctricas y agradeció su relevancia como fuente limpia de energía. A través de estas represas, Neuquén tiene la capacidad permanente de producir electricidad para todo el país.

«Nuestra pretensión es siempre sentarnos a dialogar para ver cuál es la mejor manera, pero esto llegó a un tiempo límite», expresó Etcheverry, haciendo referencia a la necesidad de actuar ante la falta de respuestas y plazos acotados.

A través de la Fiscalía de Estado, la provincia envía una carta documento a la secretaría de Energía de la Nación, que está dirigida por Eduardo Rodríguez Chirillo. La misiva describe ocho aspectos fundamentales que no se estarían cumpliendo por parte de la Nación en el manejo de las represas, como la articulación de regalías por la comercialización de la energía eléctrica, el pago del canon por el uso del agua y la coordinación en el uso del recurso hídrico.

Los temas a tratar incluyen la ubicación de las centrales hidroeléctricas, los términos y condiciones para su uso, operación y mantenimiento, y los roles que jugarán en ellas la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Organismo Regional de Seguridad de las Presas (ORSEP). asuntos.

El Gobierno nacional volvió a postergar por sesenta días los contratos de propiedad de centrales hidroeléctricas, provocando una paralización temporal mientras se dialoga para encontrar una solución de mutuo acuerdo. En la gestión de estos recursos estratégicos, la provincia busca evitar una «guerra judicial» y encontrar un camino que vale ambas partes.