En EDEA advierten que sin «una adecuada recomposición tarifaria» podrían afectarse obligaciones de pago. La deuda con Cammesa.

Las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires van por una actualización de las tarifas. Así se desprende de los estados financieros intermedios que presentó en las últimas horas la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), controlada por Desarrolladora Energética, holding que acapara, a través de cuatro compañías, las concesiones eléctricas de gran parte del territorio bonaerense.

En el documento al que tuvo acceso LPO, al abordar la situación económica y financiera de la empresa, el informe plantea que la actualización tarifaria dada hasta el momento está «por debajo del incremento general de precios de la economía» y «de los costos» de la firma.

También, la compañía advirtió que, «en la medida en que no se obtenga una adecuada recomposición tarifaria» o no se implementen «otros mecanismos alternativos de ingresos», los impactos negativos en la posición económica-financiera de la firma «podrán continuar en el futuro próximo» y que eso podría afectar a «ciertas obligaciones de pago».

EDEA es la mayor distribuidora de electricidad del interior bonaerense, en términos de cantidad de usuarios y de energía vendida. Abarca la Quinta sección electoral (zona atlántica y adyacencias), la Séptima (centro) y parte de la Sexta (sur). Pero, además de EDEA, las distribuidoras Edelap, EDEN y EDES están bajo control de Desarrolladora Energética S.A (Grupo DESA), que tiene al mando al exdirector de Pampa Energía Rogelio Pagano.

Como contó LPO, el Grupo DESA figura en el tercer lugar de las distribuidoras que más le deben a Cammesa, la distribuidora mayorista bajo administración nacional.

En el informe, EDEA plantea como un efecto negativo sobre la liquidez, la posición financiera y los resultados de la Sociedad «la demora en la implementación del acuerdo con Cammesa cuyo objetivo es regularizar los pasivos generados a partir del año 2020».

En el Directorio de EDEA entienden que existe «un alto grado de discrecionalidad regulatoria» que escapan al control de la compañía y, en consecuencia, advierten «un alto grado de incertidumbre respecto de la capacidad financiera para afrontar el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el curso normal de los negocios».

Además, cuestionaron «las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central» que afectaron transacciones asociadas con «el pago de importaciones de bienes necesarios para la prestación del servicio».

Fuente: La Politica Online