La nación cambió la forma en que se pagaban las multas a las centrales eléctricas que no cumplían con los requisitos de suministro eléctrico.

La Secretaría de Energía del país cambió la forma en que se pagan las multas a las centrales eléctricas que han incumplido o no han cumplido con los compromisos de suministro eléctrico que asumieron como parte de la iniciativa RenovAr para promover la producción de energía renovable.

La medida fue aprobada por la Resolución 165/2023 del Boletín Oficial, que también reduce el valor de las cuotas del 40% al 20% de los ingresos mensuales de una organización «a fin de asegurar el mantenimiento mínimo de la central de generación» con respecto a proyectos que han optado por pagar las sanciones en 48 cuotas.

El programa RenovAr comenzó a operar el 17 de mayo de 2016, de acuerdo con los objetivos del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energa Destinada a la Producción de Energa Eléctrica, sancionado por la Ley 26.190 de enero de 2007, modificada y ampliada por la Ley 27.191 de octubre de 2015.

La política exige un aumento gradual de la participación de las fuentes de energía renovable en el consumo eléctrico nacional, con una meta del 20% para el 31 de diciembre de 2025.

El último informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) señala que en enero de este año las fuentes alternativas representaron el 11,53% de toda la energía producida.

De acuerdo con las consideraciones de la resolución, el régimen de promoción del uso de fuentes renovables de energía contempla la estimación de inversiones en generación de energía eléctrica con base en el uso de dichas fuentes renovables de energía en todo el territorio nacional, ya sea que estas inversiones se realicen en nuevas centrales, ampliaciones de centrales existentes, o repotenciaciones de aquellas que ya están en operación, utilizando equipos nuevos o usados.

En los contratos de suministro presentados por los adjudicatarios del Programa RenovAr se establece que se aplicará una multa de US$1.388 por cada megavatio de potencia contratada por cada día si la fecha de habilitación comercial se retrasa de la fecha prevista.