El gobierno de Neuquén envió hoy a la Legislatura provincial un informe jurídico-político en el que ratifica los argumentos que avalan la competencia provincial para la recuperación del manejo y administración de las represas hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, cuyas concesiones vencerán en en el segundo semestre de 2023.

La propuesta fue elaborada por el Consejo de Planificación y Desarrollo de Neuquén (Copade) «como un aporte al debate político y jurídico en torno a las concesiones que vencerán el próximo año», informaron fuentes oficiales.

El titular de Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, indicó que «el informe profundiza y desarrolla los fundamentos que sostienen la postura de la provincia del Neuquén, señalando los argumentos y contra argumentos vinculados a las competencias provinciales y federal en esta temática».

«Un análisis sustancial ocupa el hito que significó la consagración expresa del dominio de los recursos naturales por parte de las provincias, a partir de la reforma constitucional de 1994», sostuvo.

Por su parte, la directora provincial de Planificación Territorial, Daniela Torrisi, precisó que «el estudio se inicia con un diagnóstico sobre el papel que actualmente las centrales hidroeléctricas desempeñan en la generación de energía mundial».

«Prosigue -agregó- con un análisis sobre los factores de riesgo asociados a tales tipos de infraestructura y sus impactos ambientales, describiendo además la actual situación de emergencia hidrológica en la región».

Esta postura fue comunicada oportunamente a las autoridades nacionales a partir de la integración de una comisión integrada con la provincia de Río Negro para participar activamente en las decisiones que deban adoptarse ante el vencimiento de las licencias en 2023.

Las concesiones fueron otorgada a grupos privados en 1993 para la operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados, emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.

El informe oficial señala que «una vez vencidas las concesiones el próximo año, se extinguirá el derecho del Estado nacional de adoptar decisiones en materia de aprovechamiento del recurso sin la obligada participación de sus titulares originarios: las provincias del Neuquén y de Río Negro».

El titular del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono sostiene que «la concertación dialogada y consensuada federal será la base para encontrar acuerdos vinculados al futuro de las represas hidroeléctricas».

En todo el país, hay 22 represas hidroeléctricas cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto de 2023, tras 30 años de manejo privado, proceso que ya entró en una etapa de debate y definiciones sobre la continuidad en manos privadas o retorno a la gestión estatal, a lo cual se suma el presente reclamo de las provincias para tener una mayor injerencia en el tema.

A comienzos de marzo la Secretaría de Energía anunció la conformación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados» (ETAHC), quien estará integrado por representantes de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa).

Fuente: Télam