El gobierno no logró avales para las Represas, y una minera iba para la CSJ.

En Santa Cruz, en 2013, ocurrieron eventos y hechos que establecerían un segmento de la historia que hoy en día teníamos como antecedente, aquellos 10 años después de la de este principio del último mes del año pasado.

El Concejo Deliberante de validación o rechaza la asignación irregular de terreno an Eduardo Costa el jueves. Esto fue un título de los días en los que en la ciudad de Santa Cruz el intendente José Córdoba le había adjudicado un terreno privilegiado al referente de la oposición política, Eduardo Costa, y las enormes críticas que había levantado su decisión. Habría las expectativas sobre cómo el Concejo Deliberante, definiría la situación de aquella operación inmobiliaria.

De acuerdo con un convenio, Alicia Kirchner, la titular del Ministerio de Desarrollo Social y Armando Boudou, el Vicepresidente de la Nación, llegaron a Río Gallegos para inaugurar 250 viviendas municipales con fondos del Ministerio de Planificación Federal y obras del vaciadero y planta de tratamiento de residuos.

Ambas obras, enviadas por Julio de Vido al Intendente Raúl Cantín, llegaron al proceso de adjudicación designado, como era la forma en que se gestionaban las obras públicas en la provincia y la nación. En la nota decía: «Alicia y Boudou firmarán obras que tienen como destino al empresario K.»

En esos días también habíamos anunciado que el proyecto de Represas en el río Santa Cruz atravesaba momentos difíciles al no poder conseguir los fondos y seguros necesarios. La nota decía: «Confirmado: el gobierno no encuentra los recursos para construir las Represas».

Dos empresas extrañas que explotaban plata y oro en la provincia apelaron a la Corte Suprema de Justicia para evitar el gravamen que finalmente no se aplicó debido a razones de orden político cuando el gobernador Daniel Peralta envió un proyecto de ley para aprobar un impuesto inmobiliario minero en Santa Cruz. Esa nota anunció que El Impuesto inmobiliario de Peralta fue frenado por parte de dos empresas mineras ante la CSJ.