El senador Parrilli presentó un proyecto para que la administración de las represas pase a Energía Argentina S.A. (Enarsa).

Las presas y centrales hidroeléctricas de la región del Comahue fueron ejecutadas y administradas por la antigua Hidronor S.E. (cuyos propietarios eran la Nación y las provincias de Río Negro y Neuquén) hasta los años ’90, cuando el Gobierno Nacional decide liquidar Hidronor y concesionar las obras a privados. Así en 1993 se concesionaron las obras de El Chocón y su presa compensadora Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicura, agregándose a posteriori Pichi Picún Leufú en 1999.

Este grupo de presas y centrales abarca la mayor concentración de potencia hidroeléctrica (4.170 MW) superando a Yacyretá y en particular Piedra del Aguila es la central de mayor potencia enteramente nacional con 1.454 MW (Yacyretá y Salto Grande son mayores en potencia, pero en ambos casos son binacionales).

Esas concesiones fueron por 30 años y vencen el año próximo. Luego en 2024, vencen concesiones en Mendoza y en Santiago del Estero, y en 2025 vencen Futaleufú en Chubut y Cabra Corral y El Tunal en Salta.

Recientemente el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación acompañado por varios senadores del FdT de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut proponiendo, que una vez vencidos los plazos de las concesiones, la administración, operación y explotación pase a Energía Argentina S.A. (Enarsa), que es una sociedad anónima cuyo propiedad, en 98%, es del Estado Nacional.

Los gobiernos kirchneristas ya nos han acostumbrado a usar, en vez de sociedades de Estado (S.E.) como eran las antiguas empresas estatales con la antigua Hidronor, a sociedades anónimas de capital estatal, que parecen estar constituidas para evitar los controles que tenían las sociedades de Estado, y poder usar arbitrariamente los recursos que estas empresas tienen ya sea a partir de ingresos propios o de subsidios astronómicos como los que recibe Enarsa.

El proyecto por otra parte indica en su segundo artículo que Enarsa deberá asociarse con las provincias dueñas del recurso hídrico y que además podrá asociarse con empresas privadas. Pero si bien obliga a Enarsa a asociarse con las provincias no les fija un porcentaje ni siquiera un mínimo, es decir que esta participación podría ser simbólica. Debe remarcarse que actualmente las provincias cobran regalías por el uso del agua y participan del control de las concesiones a través de los comités de cuenca respectivos.

Los fundamentos presentados del proyecto dicen: “La experiencia de 30 años de gestión privada (…) de la hidroenergía no genera una mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un período de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética”.

Esta frase demuestra un desconocimiento o tergiversación de la evolución del sistema energético argentino en los últimos años. Los concesionarios están a cargo de la operación y mantenimiento de los aprovechamientos concesionados, en los cuales se han realizado inversiones obligatorias por los contratos a lo largo de los años de concesión y otras adicionales como, por ejemplo, en Futaleufú se hizo una renovación completa de los generadores.

Por otra parte, los concesionarios no estaban habilitados para hacer nuevos aprovechamientos. En nuestro país, por la legislación vigente es prácticamente imposible realizar presas en forma privada exclusivamente, sino que deben participar los estados provinciales y la Nación.

La principal responsabilidad de la reducción de la participación hidroeléctrica es que en 12 años de gobierno de los Kirchner (2003-2015) no se hizo ninguna obra hidroeléctrica nueva y, en cambio, se amplió el parque de energía térmica contaminante. Solo se realizaron dos licitaciones significativas: Chihuido en Neuquén que fue un fracaso ya que nunca se pudo firmar el contrato de ejecución y la de las obras sobre el Río Santa Cruz, contratadas con una información básica insuficiente, lo cual ha generado enormes problemas técnicos durante la construcción.

En el actual Gobierno, Enarsa gestiona con poco éxito la construcción de esas presas Condor Cliff / Néstor Kirchner y La Barrancosa / Jorge Cepernic, ya que luego de 9 años de contrato solo tienen avances mínimos (22% y 35%, respectivamente), y hoy, si bien ha llegado la primera turbina, están paradas las obras. Por otra parte, el Gobierno trabó el proyecto más significativo de los últimos años (Portezuelo del Viento), licitado por la provincia de Mendoza.

Desde las concesiones, el Estado Nacional controla que se cumplan todos los protocolos de seguridad y mantenimiento por parte de los concesionarios a través del Orsep (Organismo Regulador de Seguridad de Presas). Así las presas y centrales concesionadas hoy están en un satisfactorio estado de seguridad y mantenimiento, con solamente los efectos del paso del tiempo en algunas centrales como El Chocón y Cerros Colorados que hoy ya alcanzan los 50 años de antigüedad. En cambio, en el proyecto presentado no se define quién controla. Estos controles de seguridad son fundamentales para garantizar la seguridad de las poblaciones del valle del Río Negro (Neuquén, Cipolletti, Allen, General Roca, Villa Regina y otras localidades más pequeñas).

Parece claro que Enarsa, cuya principal actividad se centra en la importación de gas, y que necesita subsidios astronómicos para operar sus actividades actuales, no está hoy en condiciones ni de administrar ni operar ni explotar centrales hidroeléctricas.

Por ello, se debe remarcar que el tema de las centrales hidroeléctricas es una cuestión de estado que se debe discutir, analizando los factores técnicos, sociales, ambientales y económicos; considerando tanto los intereses nacionales y los de las provincias involucradas, con expertos en los distintos aspectos mencionados.

Para estudiar las posibles alternativas, desde la gestión privada similar a la actual hasta la gestión pública tal como la propuesta presentada, se deberán analizar teniendo en cuenta que las condiciones económicas del país y del mundo son muy distintas a las de la época de la convertibilidad.

En su momento a los futuros concesionarios se les requirieron tareas obligatorias en cada contrato que implicaron distintas inversiones. Hoy las inversiones para modernizar las instalaciones para los próximos 30 años serán cifras muy significativas, particularmente en Cerros Colorados y en El Chocón.

El Estado no cuenta con recursos y para un privado conseguir los fondos a muy largo plazo considerando las cambiantes condiciones económicas de nuestro país no resulta nada fácil. Por otra parte, los concesionarios han demostrado a lo largo de estos 30 años eficiencia y responsabilidad en la operación de las centrales, teniendo recursos humanos altamente capacitados que no pueden despreciarse.

En otros países se utilizan distintos sistemas. Por ejemplo, en Brasil el propietario principal de presas y centrales es Electrobras que es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York de mayoría estatal, un esquema parecido al de YPF.

En Chile, en cambio, son emprendimientos desarrollados enteramente por privados.

En España, se utiliza un esquema mixto que puede ser interesante, los comités de cuencas, llamados allá Confederaciones Hidrográficas (públicas) están a cargo de las presas y concesionan las centrales a operadores privados.

Posiblemente hoy sea una buena solución una asociación pública-privada, donde la operación quede en manos privadas eficientes y haya un ente público que se ocupe de obtener la financiación de las obras de modernización, que pueda repagar los créditos recibiendo parte de los ingresos. A fin de no generar nuevas empresas o entes públicos, puede ser una opción interesante utilizar un ente existente, siguiendo el modelo español, el comité de cuenca, en este caso la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas del Río Negro, Limay y Neuquén.

Para que esta propuesta pueda funcionar a largo plazo, es necesario modificar la estructura tarifaria de generación que utiliza Cammesa en la actualidad, en la cual las centrales hidroeléctricas subsidian otros tipos de energía sean renovables o no. Esto permitiría obtener un flujo de fondos que permita financiar nuevas obras en la cuenca que ayudarían a evitar más emisiones de dióxido de carbono y atenuar el cambio climático.

Fuente: Rodolfo Dalmati, Ex Presidente de ORSEP para el eleconomista.com.ar