La enorme deuda acumulada en algunas localidades, producto de malas administraciones y de caprichosas decisiones tarifarias de los municipios, obligaron a la gestión de Ignacio Torres a apurar un cambio de reglas. Avanza la idea de crear una nueva empresa manejada por el estado provincial, para que sea la única intermediaria con la distribuidora nacional y establezca un solo valor de la tarifa para todas las localidades.

Como pocas veces quedó muy claro en la semana que pasó cuál es el tema central en la agenda de Chubut en estos momentos: nos referimos a la provisión de servicios públicos, y especialmente, la mala administración de determinadas cooperativas que parecen haber llegado a un punto de no retorno y que obligaron al gobierno a meterse de lleno en el tema.

Además de anunciar el pedido de intervención judicial para dos cooperativas, el dato que está en condiciones de anticipar esta columna es que el gobernador Ignacio Torres junto a su equipo están avanzando en un acuerdo con la distribuidora nacional Cammesa para cortar de raíz con la enorme deuda que arrastran la enorme mayoría de las entidades.

Es probable que estemos ante un punto bisagra a partir del cual -en poco tiempo a través de una ley- una empresa provincial tome las riendas en el asunto, dedicándose no sólo al negocio de la producción, sino también a la compra y distribución de energía en todo Chubut.

Con esta idea, el gobierno buscará hacerse cargo del problema y evitar el combo que se da en muchas localidades que asisten a un espiral de déficit impagable, mezcla de falta de capacidad de parte de los consejos de administración, y actitudes irresponsables de los poderes concedentes -que son los municipios- manejados por intendentes y concejales.

Hay diferentes realidades de acuerdo a cada entidad, lo que evidencia que el problema no es el sistema cooperativo en sí. Pero el déficit es generalizado: el 95 % de las entidades no pueden hacer frente al pago del costo de la energía que compran.

Existen honrosas excepciones, como Gaiman y Gobernador Costa, que están al día, y el caso de Comodoro Rivadavia, que como ya hemos explicado a través de esta agencia, está en un proceso de ordenamiento de sus cuentas, pagando el corriente de la energía todos los meses y en el marco de un plan de cuotas para regularizar la deuda acumulada.

Pero la realidad es muy distinta en la gran mayoría de las localidades. Tanto los casos de Trelew, como Rawson y Puerto Madryn, son prácticamente un calco: deudas con Cammesa abismales ($ 6 mil millones la primera, $ 11 mil millones la segunda y $ 16 mil millones la tercera) y varias órdenes judicial que pesan sobre la mayoría de sus cuentas que están embargadas en los bancos por el no pago de sus obligaciones.

Las tres apuntadas

En los casos de las cooperativas de Rawson y Trelew, los casos son preocupantes al extremo porque directamente hay un enfrentamiento político entre sus intendentes y las autoridades de estas entidades, lo que hace aún más difícil llegar a puntos de acuerdo para afrontar una solución conjunta.

El capitalino Damián Biss presentó un amparo y logró frenar la última suba de tarifas en Rawson que no contaba con una ordenanza que la avale. Y no sólo viene amagando con quitarle la concesión de los servicios hacia fin de año, sino que hasta deslizó públicamente que debería ser intervenida.

En Trelew, el enfrentamiento político terminó con una cautelar de la justicia suspendiendo el último llamado a elecciones de delegados, y el pedido del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) al juez federal Hugo Sastre para que ordene la intervención.

La denuncia -a la que se sumó públicamente el gobernador- apunta a este proceso eleccionario que quedó trunco (con sospechas de firmas truchas mediante), además de la falta de aprobación de balances, la enorme deuda con Cammesa y la falta de renovación del contrato de concesión con el municipio.

El caso de la cooperativa cordillerana “16 de octubre” en Esquel y Trevelin es especial: tiene un sistema de actualización de tarifa automático y no debe tanto a Cammesa, sino al Banco del Chubut, donde debió pedir un préstamo de $ 500 millones hace tres meses para ponerse al día con la distribuidora.

Pero ahí fue el mismo intendente Matías Taccetta, cercano a Torres, quien ayudó a encontrar la salida financiera y movió sus contactos para tratar de sanear los números.

Esta entidad está al día con las facturas de la energía, pero ahí el gobernador -en sus últimas declaraciones,- anticipó que pedirá la intervención apuntando a presuntos desmanejos de tipo administrativo, respecto a una denuncia judicial que fue desestimada en primera instancia, en torno a la existencia de una supuesta mesa de dinero “paralela” a través de una mutual.

El déficit del interior

Párrafo aparte amerita el caso de 20 cooperativas “chicas” que prestan el servicio en las comunas rurales y algunos municipios como los del a comarca andina, Camarones, Corcovado, El Maitén, Paso de Indios, Senguer, Río Pico, Pirámides, Río Mayo y Tecka.

De acuerdo a un informe al que accedió ADNSUR de fuentes oficiales, es alarmante el número del déficit que debe afrontar la provincia, producto de que el fondo creado por la Ley I N° 26 -ex Ley 1098- que recaudan las cooperativas grandes no alcanza a cubrir ni la mitad de los costos de las cooperativas del interior.

Según estos datos, a lo largo de todo 2023 la Provincia debió cubrir un desbalance de $ 815.737.252. Esta suma superior a los 800 millones se multiplicó por 10 en 2024, producto de la quita de subsidios y la suba del costo de la energía, y porque hay fallas en el cobro de las facturas pero el servicio de sigue dando igual.

En este sentido, el estimado mensual proyectado de enero a diciembre de 2024 marca que se estarán destinando entre 10.700 y 12.000 millones de pesos de las arcas provinciales para sostener el sistema.

Para tener idea de lo que significa esa cifra, se puede poner como referencia que ese monto equivale al costo total estimado por el presidente de Vialidad, Hernán Tórtola, para finalizar la obra de la doble trocha en ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew.

Una empresa en borrador

Ante este panorama general que es negro, el planteo que Cammesa hizo a la provincia del Chubut es que no quiere saber más nada con negociar de manera individual con las cooperativas, un sistema que nunca entendieron y que depende de tarifas que dan cada uno de los municipios siempre en forma atrasada.

Lo que ya se habló y está prácticamente cerrado de palabra, es que de aquí en adelante Cammesa quiere vender electricidad a una única compradora que será la Provincia, y para eso, se debería crear por ley una Sociedad Anónima (falta ver bien el nombre final) que se encargaría – además de negocios futuros en la generación- básicamente de venderle a cada una de las cooperativas de los municipios de Chubut.

Se trataría de una S.A con un directorio integrado ad honorem por miembros del gabinete, como los titulares de Infraestructura, Servicios Públicos y Economía, y un director por los trabajadores.

El primer paso será absorber a todas las cooperativas chicas que hoy ya sostiene la provincia con fondos del tesoro, porque desde lo administrativo implicaría un ahorro del 40 % de lo que hoy cuesta mantener el sistema. Todos sus empleados pasarían a manos provinciales, en un acuerdo que también ya estaría hablado con el gremio Luz y Fuerza, ya que mantendrían sus convenios originales.

De llevarse a cabo, el cambio será sustancial: cada vez que una cooperativa quiera comprar energía, deberá hacerlo a esta empresa del estado chubutense, porque Cammesa no le venderá más.

Y respecto al valor de la tarifa, se abrirían dos alternativas: una, que aquellas que tienen contrato de concesión vencido no les sea renovado, y el municipio entregue el servicio a esta nueva empresa, que se encargará del cobro a los usuarios. Para eso existirá una única tarifa de referencia provincial, que fijará el ENRE con criterio técnico, y a la que deberán adherir todos los municipios.

Si una localidad quiere seguir con su cooperativa en el contrato de concesión de los servicios públicos, no habrá ningún problema, pero ya la potestad de los concejales de fijar la tarifa pasará a un segundo plano. Aquí está el quid de la cuestión, y el punto fuerte de la idea: que el poder político deje de ser el generador del atraso tarifario.

¿Y cómo se va a lograr? Como es la provincia la distribuidora, el contrato dirá que si una cooperativa no puede pagar y se atrasa por no tener una tarifa acorde, el estado provincial podría cobrarse la diferencia de los ingresos de coparticipación que le corresponden a esa localidad.

Claro que hay un tema de autonomías municipales de por medio, y para que la idea no fracase, al menos en las principales localidades, debe estar el aval de cada intendente, algo que el gobernador Ignacio Torres ya empezó a hablar por lo bajo con la mayoría, y al parecer, encontró receptividad.

Tiene lógica que un jefe comunal adhiera a este nuevo sistema, porque de este modo se sacaría de encima un dolor de cabeza, una discusión fuerte que se da cada vez que una prestadora de servicios envía un proyecto al Concejo Deliberante para subir el valor que se cobra a los vecinos, que son los socios.

Dudas

La primera duda que aún no está aclarada, es si todo este proyecto hace referencia únicamente a la electricidad, porque está claro que las cooperativas brindan además otros servicios, como agua potable, cloacas y saneamiento, servicio de sepelios, alumbrado público, y ni hablar de las tasas municipales que incluyen el mantenimiento de los bomberos y en algunos casos, el manejo de los residuos.

Por lo pronto, hay que decir que los ideólogos miran otros ejemplos provinciales que funcionan bien, para tomarlos como parámetro. Por ejemplo Córdoba tiene por un lado Epec, la empresa provincial de energía de Córdoba que es una empresa autárquica que funciona en la órbita del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del Ejecutivo cordobés.

Y por el otro tiene ERSeP, que es un organismo de carácter también autárquico bajo la órbita del Ministerio de Servicios Públicos, con la función de regular y controlar la prestación de los servicios públicos provinciales de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, transporte interurbano de pasajeros, concesiones edilicias y la red de accesos a Córdoba.

Por otro lado, en Río Negro existen dos empresas que distribuyen cada una por su lado los servicios básicos: está Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, que es una empresa estatal que presta el servicio de agua potable y cloacas a 42 localidades y 32 parajes de la provincia de Río Negro.

Mientras que el servicio público de electricidad es prestado en la mayor parte del territorio rionegrino por la distribuidora EdERSA, en un sistema que convive con el cooperativo, ya que en Bariloche el servicio está a cargo de la Cooperativa de Electricidad Bariloche; y en Río Colorado existe otra cooperativa, la CEARC.

Esto puede ser un ejemplo del futuro para Chubut: una distribuidora provincial donde están incluidos la mayoría de los municipios de Río Negro, salvo dos que se mantienen en el sistema cooperativo.

La duda sobre qué servicios incluiría el proyecto del gobierno no es menor: comparado con la electricidad, el servicio de agua y cloacas es claramente deficitario, y muchas veces es una de las explicaciones de la deuda con Cammesa. No lo van a admitir públicamente, pero las cooperativas usan el dinero de la electricidad para financiar el servicio de agua.

De hecho, por lo bajo es una de las explicaciones que el resto de las cooperativas da respecto a la prolija administración de la Cooperativa de Gaiman: se encarga solamente de la electricidad, y no tiene a su cargo el costo de agua y cloacas.

Cómo sigue

Lo anterior sirve para evaluar algunas conjeturas: por ejemplo, no parece viable que la provincia se lleve únicamente el negocio de la electricidad -que es rentable- y continúen en manos de las cooperativas locales los servicios deficitarios, porque eso tiene una fecha de vencimiento corta, y no se van a poder sostener.

Además, desde lo legal, ¿que implica que un municipio no renueve una concesión y se la de a la Provincia? No parece sencillo de resolver, no sólo la cuestión del personal (que de pertenecer a una cooperativa ahora integrará una sociedad anónima), sino todos los activos de las cooperativas, como los edificios, los vehículos, las maquinarias, los cables, los focos, todos los insumos de funcionamiento.

Ante la consulta por esto último, uno de los ideólogos de la iniciativa dijo que no sería de extrañar una expropiación, porque esos bienes son del estado, responsable de los servicios básicos esenciales. Una idea polémica que seguramente traería cola de querer aplicarse por la fuerza.

Por lo pronto, los municipios que están conformes con sus cooperativas, como Gaiman por poner el ejemplo más claro, no deben temer ningún cambio de fondo: solamente que ahora la energía no se comprará en Cammesa, sino a la nueva empresa chubutense.

Para los intendentes que están en guerra con sus prestadoras y con contratos vencidos, el proyecto de esta nueva empresa provincial puede ser un alivio. Lo que está claro es que, de aplicarse, lo inmediato es el traspaso de las cooperativas del interior, hoy a cargo en su mayor parte de la Provincia, que es la que solventa un sistema que de otro modo sería inviable.

Respecto a la tarifa única, si bien existe una ley que creó el ENRE provincial en 2018 y que habla de un valor de referencia provincial, en la práctica nunca tuvo aplicación, y si se compara a las distintas localidades de la misma provincia, hay un caos de montos que es inexplicable hacia afuera.

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Fuente: ADNSUR