Se trata de los complejos de Neuquén y Río Negro. La forma en que se construyeron antes de la Constitución de los Estados Unidos de 1994 está dentro del ámbito del gobierno nacional.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, quien responde a Sergio Massa, ordenó que las protestas hidroeléctricas, cuya victoria es inminente, sean trasladadas al Gobierno nacional.

En nota dirigida al presidente de Enarsa, Agustín Gerez señaló que ante la «necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y la continuidad en el suministro de energía eléctrica que requiere el sistema, atendiendo al inminente vencimiento de las concesiones, es necesario contar con dispone que, una vez vencidos los plazos de las concesiones y devueltos los activos al Estado, la ampliación de la actividad de generación de energía eléctrica de los complejos”.

Enarsa fue instruida por Royon a «realizar las gestiones necesarias para posicionarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica antes del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha de las mismas, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia de personal y contratos relacionados con dichas centrales generadoras”.

Entre las centrales afectadas se encuentran El Chocón y Arroyito, concedidas a la empresa italiana Enel; Alicurá, de AES Argentina; Planicie Banderita de Orazul Energy; y Piedra del guila de Central Puerto.

El Chocón Cerros Colorados es el que tiene más envergadura. Al ser el primer proyecto hidroeléctrico de gran escala, se le conoce como la Obra del Milenio. Está situado entre los ríos Limay y Neuquén, que se ubican respectivamente en las provincias de Río Negro y Neuquén.

Existe tensión entre el gobierno nacional y las provincias por la gestión de concesiones. Aunque hubo varias reuniones, no se llegó a ningún acuerdo.

El caso es que estas represas fueron construidas en su totalidad por el Gobierno Nacional y otorgadas a las Provincias en 1993, un año antes de que se reformara la Constitución para reconocer su titularidad. Según el acuerdo hecho hace 30 años, las oficinas centrales deben ser devueltas al gobierno sin cargo al vencimiento de las concesiones.

Esto no cambia el hecho de que las provincias eventualmente serán dirigidas por los gobiernos locales donde estas usinas están empleadas, como lo permite la reforma de 1994 a la Constitución Nacional que les dio la propiedad de sus propios recursos.

«Es como una propiedad que estuvo en alquiler durante 30 años. Ahora vuelve al propietario. El tema es que el terreno donde se emplaza el inmueble es de las provincias. Por eso lo único que les corresponde a las provincias es regalías», dijo un ex secretario de Energía para cerrar.